Las lecciones del caso Argentina

José Antonio Poveda S.*

Existe naturalmente, una interdependencia estrecha de las áreas real y financiera de la economía. La recuperación de la actividad económica y del nivel de vida permitirían reducir los desequilibrios financieros. Al mismo tiempo, no es posible movilizar los recursos ociosos y reiniciar el crecimiento sin restablecer el orden en el campo financiero. Esto es indispensable para satisfacer dos condiciones del repunte económico: reducir drásticamente la inflación y ajustar la balanza de pagos para restablecer la viabilidad internacional de la economía argentina.

Los problemas actuales son muy graves, por sus efectos en el bienestar y en las expectativas de la sociedad. Lo son, también, porque enfrentan al país con la banca privada internacional debido a la virtual cesación de pagos de la deuda externa. La forma como se maneja la actual insolvencia internacional del país adquiere una importancia decisiva. Influirá en la elaboración de la estrategia económica para hacer frente a la crisis y, en un plano más profundo, para determinar si Argentina conserva o no el derecho elemental de un país soberano de decidir su destino.

Es indispensable una reforma financiera para posibilitar la recuperación de la economía argentina, reasumir la dirección del proceso económico y restablecer la viabilidad internacional del país. Para negociar la deuda externa en términos compatibles con la soberanía nacional es preciso terminar con el caos fiscal y monetario. De no hacerse así, la continuación de ese caos conducirá a un futuro impensable. El problema no es, pues, si se realiza o no un profundo proceso de ajuste. El problema es cómo se ejecuta y a partir de qué centros de decisión.

En las condiciones imperantes, el Estado ha perdido el control de la economía. El comportamiento de la economía está determinado por el descomunal desequilibrio fiscal y monetario, dentro del cual los servicios de la deuda externa tienen una participación preponderante.

Cuando el Estado carece del poder político para cumplir con los compromisos financieros externos sin crear liquidez, la inflación se convierte en el mecanismo obligado del ajuste. Se genera así un impuesto inflacionario que se refleja en la caída del salario real, de las utilidades de las empresas y del dinero en manos de los particulares. Si todavía esto no alcanza para disminuir las importaciones y generar el superávit necesario en la balanza de pagos.

Sea como fuere, la insolvencia de Argentina y el replanteo de su deuda externa abrirá una situación conflictiva con los acreedores. Es obvio que la nación debe de reasumir la autonomía de la política económica y que el gobierno constitucional no puede quedar subordinado al papel de simple administrador de la deuda externa por cuenta y orden de los bancos acreedores. Se trata de una situación que está más allá de la voluntad de las autoridades argentinas de pagar la deuda externa. El país debe evitar, de todas maneras, el repudio de la deuda y la declaración de su moratoria. Sean cuales fueran las causas del endeudamiento externo, las operaciones contratadas conforme a derecho forman parte de los pasivos externos de la nación y deben ser asumidas como tales. No se trata de hacer desplante alguno, inadmisible también la responsabilidad y la prudencia en el manejo de sus asuntos internacionales.

*El autor es Vicedecano de la Facultad de Derecho UNAN-León.