Debate por Ley de Destitución de Funcionarios Públicos
Nidia Ruiz López yWilliam Briones Loá[email protected]
El secretario del Frente Sandinista, Daniel Ortega, dijo ayer que Arnoldo Alemán desde la presidencia del Parlamento, pretende imponer una “dictadura”, por medio de la aprobación de una Ley de Destitución de Funcionarios Públicos, que afectará a magistrados, contralores, el Superintendente de Bancos y de Pensiones, entre otros.
Ese proyecto de ley, permitiría destituir a los funcionarios con mayoría simple y fue dictaminado por la Comisión de Justicia el 3 de julio del 2001, sin la firma de los diputados sandinistas y del entonces diputado Noel Vidaurre.
“Cuando habla de despartidarizar, significa sacar de los poderes del Estado a todas aquellas personalidades que no representan los intereses del PLC y llenar esos cargos con gente del PLC. Ellos aspiran a tomarse el Poder Judicial, Electoral de forma total”, explicó Ortega.
Además de calificarlo “golpe de Estado”, Ortega lo consideró una amenaza para la institucionalidad y estabilidad del país. El proyecto de ley se pretende discutir el día de hoy en la sesión del Parlamento.
Añadió el secretario del partido sandinista que el proyecto de ley pretende facilitar la destitución de los funcionarios del Estado, con una minoría simple, pero los cuales son electos con el 60 por ciento de los votantes, es decir, 56 votos.
ALERTÓ A BOLAÑOS
Ortega además dio a conocer que esta situación ya fue expuesta al presidente Enrique Bolaños a quien le expresaron el pasado viernes sobre los peligros de dicha aprobación.
“Pienso que comparte la preocupación de que un proyecto de ley como éste sería un factor de inestabilidad para nuestro país”, manifestó Ortega.
Dio a conocer que el representante ante la Junta Directiva del Parlamento, René Núñez, trató de comunicarse con Alemán para persuadirlo de su pretensión de aprobarlo tal y como está. Los sandinistas consideran que se necesitan reformas antes de discutirlo. Incluso indicó que intentó hablar con Alemán pero no lo logró.
“Nosotros estamos dispuestos a unir esfuerzos con todos aquellos diputados que estén de verdad interesados en defender la estabilidad, gobernabilidad de nuestro país”, dijo Ortega.
El diputado Arnoldo Alemán comentó ayer que cualquier poder del Estado que considere que esta iniciativa viola su jurisdicción, puede recurrir a las leyes “dentro de los códigos, la ley y la Constitución, están los recursos correspondientes, pero el Legislativo tiene plena facultad de presentar proyectos de ley y ser discutidos en el plenario”, comentó.
Una iniciativa similar en 1995, fue fallada como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Aseguró que no tiene interés personal en perjudicar a los magistrados u otros funcionarios de orientación sandinista “puede perjudicar a unos o a otros”, comentó en referencia a los funcionarios surgidos de su Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Insistió además, que esta iniciativa pretende establecer las causales de destitución, aunque dijo estar consciente que mientras no haya reformas a la Constitución, no puede elegirse con la mitad más uno, como pretende que los funcionarios sean destituidos.
REFORMAS PROPUESTAS
El inciso 6 del artículo 3 del proyecto de ley de destitución de funcionarios, expresa que una vez presentado el dictamen al plenario se debatirá y resolverá “lo que corresponda con el voto de la mayoría simple de los diputados presentes”.
En inciso C del artículo 2 indica que son causales de destitución el incurrir “en notorio incumplimiento de las obligaciones y deberes que le impone el ejercicio de su cargo”.
Ortega considera que “esto es algo que se presta a cualquier cosa”, y la podrían aplicar a los magistrados de tendencia sandinista que no se han presentado a las sesiones del Consejo Supremo Electoral por no estar de acuerdo con varios temas entre ellos la participación del Partido Conservador en las elecciones regionales.
Además, los sandinistas consideran que el proyecto de ley es retroactivo lo cual está en contra de todo principio jurídico.
Pero además el artículo siete de dicho proyecto señala que “todo lo no previsto en la presente ley se aplicará el Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional”.
Además, Ortega recordó que aun hay precedente cuando la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional una ley sobre la destitución del Contralor de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral.
