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Comisión inicia revisión jurídica

  • 30 juristas analizan al Poder Judicial y leyes del país

William Briones Loáisiga [email protected]

Los problemas que afronta la justicia nicaragüense en cuanto a independencia, un sistema judicial no adecuado a las exigencias de la sociedad, así como la eficacia e imparcialidad del sistema judicial, son los aspectos que ayer discutió la Comisión Ejecutiva de Reforma de la Justicia, creada por decreto presidencial en días pasados.

Integrada por 30 juristas, la comisión sesionó ayer en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e informó que durante las próximas semanas darán a conocer los primeros informes sobre las leyes y decretos que deben reformarse para agilizar la justicia en Nicaragua.

De acuerdo a Iván Escobar Fornos, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que además preside esta comisión, dos de las tres subcomisiones son encabezadas por Guillermo Vargas Sandino, y Orestes Romero, los que analizarán los temas de independencia del Poder Judicial, reformas a las leyes y el acceso a la justicia.

“El resultado final de esta comisión va a ser propuestas de reformas a la Constitución y las leyes del país. Comprende mayor independencia del Poder Judicial; eso significa establecer un mecanismo de selección y que garantice esa independencia, como es la Ley de Carrera Judicial, para que no estén adheridos a los partidos políticos ni a grupos de presiones económicos ni sociales”, indicó.

“Estamos por despartidizar el Poder Judicial, es uno de los puntos que estamos viendo; tenemos seis semanas para los primeros informes, plazo que entiendo se vence a finales de abril e inicios de mayo”, destacó el ex magistrado de la CSJ, Rodolfo Sandino Argüello.

“Esperamos cumplir con los deseos de la sociedad civil en cuanto a la transformación del Poder Judicial”, comentó.

La comisión sesionará nuevamente el próximo jueves.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

La Comisión pretende concluir con propuestas para que Nicaragua logre:

Mayor independencia judicial: de partidos políticos y poderes del Estado.

Un sistema de justicia más accesible y menos costoso: cumplir el principio de gratuidad y el derecho a la defensa.

Registros actualizados y con procedimientos ágiles: sobre todo en los registros Mercantil y de la Propiedad.

Función administrativa eficiente del Poder Judicial: organización interna del Poder Judicial y equipamiento de los tribunales.

Fortalecidas las capacidades del personal judicial y profesionales del Derecho: Colegiación de abogados, formación de jueces, abogados y notarios

Procesos judiciales ágiles y acordes a los términos de ley.

Revisar y actualizar los códigos y leyes: Código Civil, Ley de Catastro, Leyes de la Propiedad y leyes para la Creación o Legalización de empresas.

Un sistema de administración de justicia preparado para responder a las exigencias y retos de la globalización: mayor coordinación entre el Poder Judicial, Fiscalía, Procuraduría, Policía y Sistema Penitenciario.  

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