CSE ordena estricta austeridad
- Roberto Rivas manda a todos a “socarse la faja”, pero magistrados continuarán con privilegios
Consuelo Sandoval [email protected]
El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, adoptó drásticas medidas de reducción presupuestaria que pretenden disminuir los gastos de la institución mediante la eliminación de viáticos, pago de horas extras y la limitación en servicios telefónicos, Internet, vehículos, energía y combustible.
Rivas dirigió memorando a los presidentes departamentales, municipales y a Lino Hernández, secretario técnico, instruyéndoles que a partir del 18 de abril tienen que coordinar y supervisar la implementación inmediata de las medidas de reducción de gastos.
Señala que todo el personal abandonará las instalaciones a las cinco de la tarde, y el director de servicios generales deberá garantizar la desconexión de los equipos eléctricos, excluyendo de esta disposición al director de Informática y aquellas oficinas que, por orden suya, tengan que realizar alguna labor extraordinaria.
Precisa que el servicio de Internet debe ser desconectado en todas las oficinas, en tanto no se disponga de una red institucional, excepto en los despachos de los magistrados, directores generales y director de suministro.
Destaca que al secretario general (cargo que está vacante) y directores generales se les asignará un teléfono celular con el plan de 300 minutos, debiendo firmar un compromiso de pago en caso que incurran en tiempo extra.
REDUCIR COSTOS DE ALQUILER
La comunicación señala que el personal que labora en los edificios de El Carmen, será reubicado en las instalaciones de Metrocentro y Las Palmas, y en los municipios en donde se paga alquiler las delegaciones municipales y departamentales deberán fusionarse en un local.
El documento resalta que solamente tendrán vehículos asignados los directores generales, secretario general, directores de logísticas y suministros, por lo cual amenaza con circular con la Policía a los funcionarios que no posean autorización para conducir un automotor de la institución.
La disposición contempla la asignación de una cuota fija de 75 galones de combustible, pero no aclara si es por día o por mes, al tiempo que limita a cinco galones diarios para el parque vehicular de las oficinas administrativas. De esta disposición se exceptúan los despachos de los magistrados que tienen una asignación mensual de 200 galones de combustible, según se ha confirmado públicamente.
A esos funcionarios se les mantendrá el pago de mantenimiento de vehículos, añade.
Detalla que todas las contrataciones o adquisiciones de bienes y servicios deberán contar con el visto bueno de la oficina de presupuesto y tener disponibilidad financiera, pues en caso contrario, la responsabilidad recaerá sobre el funcionario que realice la contratación.
