Parlamento enllava destrucción de misiles
Luis Felipe Palacios
Las bancadas mayoritarias en la Asamblea Nacional, representadas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), asestaron ayer un duro golpe a las pretensiones de Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua, de destruir la totalidad de misiles tierra-aire Sam-7, al rechazar el veto parcial del presidente Enrique Bolaños a la Ley General de Armas.
Con esta ley, el Ejecutivo no podrá ordenar la destrucción unilateral de ningún tipo de arma en poder del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, como lo hizo en 2004 cuando autorizó la voladura de un mil cohetes portátiles.
El Ejecutivo deberá pedir permiso al parlamento y esperar a que ese Poder del Estado, con mayoría calificada, es decir 56 votos, apruebe la destrucción de cualquier tipo de armamento, incluidos los Sam-7.
Bolaños y el Ejército se habían comprometido con EE.UU. a destruir este año alrededor de 600 misiles, sin embargo, para cumplirlo tendrán que cabildear con los diputados, incluidos los sandinistas que se oponen a eliminar esos cohetes.
FRACASA PRESIÓN
Los legisladores fundamentaron su rechazo al veto a la Ley de Armas, en que el Ejecutivo en la exposición de motivos no sustenta ningún argumento legal o constitucional.
Por otro lado, el Jefe del Ejército de Nicaragua, Javier Carrión, confirmó que existe presión y preocupación de Estados Unidos respecto a la existencia de los Sam-7.
Carrión dijo que es comprensible el interés de ese país en la destrucción de misiles, tomando en cuenta que “ellos tienen que gastar 1.2 billones de dólares en protección antimisiles para sus naves y darle seguridad a sus conciudadanos”.
“Creo que su intención es sana y por ello aprobamos la propuesta del Presidente (Bolaños) de destruir mil misiles de forma unilateral”, agregó.
Señaló que el problema de los misiles es mundial, y que hay más de 100 mil de ellos en el mercado negro.
En otro orden, los legisladores rechazaron el veto total del mandatario a la ley que establece el uso de las utilidades de Hidrogesa.
