Caso Crucitas provoca despido de funcionarios ticos

Josué Bravo

CORRESPONSAL / COSTA RICA

Lejos de acabarse, el caso Crucitas pica y se extiende en cada una de sus aristas, dado que tres funcionarios del Ministerio de Ambiente destacados durante el proceso de aprobación de permisos para la minera canadiense Industrias Infinito, fueron despedidos tras un proceso administrativo en el Servicio Civil.

Los despedidos son el director de Geología y Minas; José Francisco Castro Muñoz, la Directora del Registro Minero, Cinthya Cavallini y Eduardo Murillo, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Estos funcionarios dejaron de laborar el jueves anterior tras un acuerdo del Servicio Civil de ese ministerio, por las irregularidades cometidas por la emisión de permisos ambientales a la minería Crucitas y un decreto ejecutivo que declaró el proyecto de interés público y conveniencia nacional.

Todo ello fue anulado por una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2010.  El proyecto minero a cielo abierto Crucitas, lo pretendía desarrollar la empresa canadiense Industrias Infinito, a uno 3 kilómetro del Río San Juan de Nicaragua, pero en territorio tico.

Todo el proyecto se cayó con la sentencia del Tribunal que anuló el decreto y los permisos ambientales. Sobre la aplicación de sentencia, aún falta cuantificar los daños ambientales provocados por la empresa minera, 80 hectáreas de un bosque protegido por ley, cuando intentó iniciar operaciones en el año 2008, amparado por el decreto ejecutivo.

En una audiencia oral y pública realizada en abril en el Tribunal, abogados ambientalistas que ganaron la demanda pidieron a la jueza ejecutora Lorena Montes de Oca, permitir el ingreso a esos terrenos a un grupo de expertos propuestos por ellos para valorar los daños ambientales provocados por el fallido proyecto.

“El asunto sugiere que se permita que un equipo de muchos profesionales, entre los que contamos con un ecólogo, un economista ambiental, un ingeniero forestal, un biólogo; ingresen al terreno (de la mina)”, dijo el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien junto a sus colegas Bernal Gamboa y Edgardo Araya ganaron la demanda.

“Es algo básico que se tienen que considerar dentro de este proceso, para formar pruebas a fin de establecer montos y las medidas necesarias para que se pueda ejecutar en un todo la sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo”, añadió.

La fiscalía también tiene causas abiertas contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Ambiente que habrían incurrido en irregularidades al momento de otorgar los permisos ambientales.