“Comisionados trafican armas”
MARTHA VÁSQUEZ
Nuevamente la Policía Nacional y algunos comisionados fueron protagonistas de graves señalamientos al ser vinculados ayer con el tráfico de armas hacia Honduras, aunque la institución rechazó dichas conexiones.
Cabe recordar que en el 2012 también fueron relaciones otros jefes policiales con miembros del narcotráfico.
Los señalamientos de tráfico de armas fueron hechos por Gerardo Ocón Olivas, uno de los procesados por el robo de armas al Taller Maynard, en abril pasado, propiedad de Donald Maynard Acevedo, tío del comisionado general Javier Maynard, quien funge como subdirector de la institución del orden.
“Marcos y Pedro Sobalvarro, y (Donald) Maynard conocen a los comisionados involucrados. Los comisionados mandaban las armas y (Donald) Maynard se encargaba de vender las armas en su taller a gente privada que trafica armas”, expresó Ocón en la audiencia de juicio en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.
VOCERO POLICIAL REFUTA
El año pasado la institución y varios de sus comisionados fueron señalados de vínculos con personajes del narcotráfico en el caso de Henry Fariñas y Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, aunque las autoridades siempre justificaron que eran declaraciones de reos y que carecían de valor.
Los primeros seis admitieron los hechos al inicio del juicio y negociaron una pena mínima con la Fiscalía. Ocón se fue a juicio y fue declarado culpable ayer y Oporta está pendiente del proceso, porque fue capturado recientemente en Rivas.
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“La Policía Nacional realizó una investigación a fondo en su momento. Remitió todas las evidencias a instancias correspondientes que procedió a acusar. La Policía Nacional es una institución profesional, todo lo que él (Gerardo Ocón) quiera alegar a su favor queda invalidado porque es una persona responsable de un delito, fue encontrado culpable por un juez”, dijo el comisionado mayor Fernando Borge, vocero de la Policía.
Pero Ocón en la audiencia de ayer declaró: “Las armas encontradas en sacos en Chinandega las puso la Policía porque esas no son (las robadas); las verdaderas están en Honduras. Esas armas no aparecieron, esas armas en sacos las fueron a poner allá”, reiteró después de ser declarado culpable de tráfico de armas.
Según la Fiscalía, Ocón alias “La Cabra”, fue quien pagó a José Faustino Toruño Orozco 20,500 dólares por el lote de armas (36 fusiles, 35 AK y uno AR15) sustraído del taller Maynard ubicado en barrio Santa Rosa, el Viernes Santo pasado.
Entre las pruebas que tomó en cuenta la judicial para declarar culpable a Ocón fue el informe de llamadas que presentó el Ministerio Público que existe entre este y José Faustino Toruño Orozco, otro de los procesados que admitió hechos al inicio del juicio.
Ocón también instó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía investigar a fondo para encontrar a los verdaderos dueños del negocio de tráfico de armas.
“La PGR y Fiscalía deben analizar bien, investigar, no creer lo que dice el papel, porque aguanta de todo, pero las armas no las hallaron, quienes vendieron las armas recibieron su dinero y las armas andan volando merengue en Honduras, lo que pasa es que los comisionados no quieren que se sepa del negocio y dicen: Las hallamos, pero no son esas”, reiteró.
NEGOCIO DESDE HACE CUATRO AÑOS
Según el denunciante, las armas eran enviadas desde Plaza El Sol al taller de Maynard supuestamente para ser reparadas, pero en realidad era para ser vendidas a privados.
“El comisionado (no dijo nombre) decía: mando treinta armas y tal vez mandaba 45 y ahí las vendían en el mismo taller, mis compañeros dicen que se viene dando la venta desde hace cuatro años. La última vez vendieron 16 y le dijo (el comisionado) a Pedro Sobalvarro, el armero, entregale tantas y ahí no más le pagaron”, dijo Ocón.
En abril pasado el comisionado mayor Borge justificó en conferencia de prensa que, “las armas sustraídas en el taller Maynard pertenecen a la Policía Nacional y habían sido llevadas a dicho taller para realizarles reparaciones que no podían efectuarse en los talleres de la institución”.
Finalmente, la judicial pasó al debate de pena, donde la fiscal Evelyn López pidió ocho años de cárcel y 500 días multas para Ocón, mientras su defensor Wilmer Mendoza, pidió la pena mínima de cuatro años de cárcel.
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