RAAN urge de más atención
Elízabeth Romero
Cuevas fundamentó su apreciación en lo que observó durante los procesos judiciales de dos casos en el Triángulo Minero, ocurridos en meses pasados, en los que brindó acompañamiento como CPDH y recordó que en uno de los casos en que las autoridades responsabilizaban a dos hermanos de apellido Soza, los testigos —que eran civiles— alegaban que ese hecho sangriento había sido perpetrado por grupos de armados.
“En esos casos los campesinos decían que la Policía, en su afán por esclarecer los casos, detenía a gente que no tenía nada que ver”, recordó Cuevas.
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La situación de violencia en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) se debe a múltiples factores, dicen especialistas en el tema. La directora del Centro de Prevención de Violencia (Ceprev), Mónica Zalaquett, consideró que el tráfico de armas, tanto lícito como ilícito, más el machismo arraigado en esta zona y posiblemente el crimen organizado, podrían estar incidiendo en el repunte de violencia.
Ayer, la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, negó que haya tráfico de armas en el país y guerrillas organizadas.
Zalaquett dijo que, aunque el Ceprev no tiene presencia en esa región, ha conocido por colegas de otros organismos que “el crimen organizado está bastante organizado”, por lo que aconseja que debe haber mayor esfuerzo policial por frenar el tráfico legal e ilegal de armas, “pues hay muchas muertes por el uso de armas de fuego”.
“En los barrios jóvenes que antes usaban machete ahora portan armas de fuego, incluidas las hechizas”, expresó Zalaquett.
Igual que ella, Roberto Orozco, especialista independiente con varias investigaciones en esa región, también cree que hay varios factores “que hacen de la RAAN un polvorín a punto de estallar, si no se le pone la debida atención por parte del Estado”.
Orozco menciona la inseguridad jurídica de la tierra y la expansión de la frontera agrícola, que han generado procesos corruptos de expropiación y ha provocado enfrentamientos armados entre colonos y nativos.
A esto agrega la presencia de grupos armados con fines políticos, cuya existencia fue negada el lunes por Granera, así como la presencia de estructuras del narcotráfico en la zona y la débil capacidad de respuesta por parte de la Policía Nacional, en una zona de alta pobreza.
En general, dice Orozco, existe un ambiente de impunidad que ha sido fomentado por la corrupción proveniente del crimen organizado y de estructuras locales que representan intereses de poder económico y político, que buscan apropiarse de grandes extensiones de tierras.
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