Diputado sandinista dice que “no sabía” de préstamos de Caruna
El presidente de la Comisión de Economía y Producción de la Asamblea Nacional, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, reconoció que tanto él como los miembros de dicha comisión también ignoraban que la Caja Rural Nacional (Caruna) fue la que le otorgó un préstamo de 273 millones de córdobas a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), que luego fueron pagados por Hacienda a esta cooperativa, por orden del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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La semana pasada, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, igualmente dijo que este gremio desconocía la participación de Caruna en esta operación que fue para financiar la compra de alimentos para la emergencia, provocada entre otros factores, por la severa sequía que enfrentó el país el año pasado.
Sin embargo, el diputado Gutiérrez defendió la operación gubernamental aduciendo que el Ministerio de Hacienda tenía toda la potestad legal para llevarla a cabo y que a la Asamblea Nacional le corresponde revisar a posteriori el proceso completo.
“No lo sabíamos porque eso le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hay que recordar que la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario desarrolla todos los trámites para la formalización del endeudamiento público. Lo que le compete a la Asamblea Nacional es que, formalizado el acuerdo y el endeudamiento, se hace un plan de pagos de ese endeudamiento y se vienen colocando de manera periódica en el Presupuesto de la República. Luego la Asamblea observa si están todos los documentos que ordena la ley para que dicho endeudamiento se pueda incorporar al presupuesto”, explicó.
Gutiérrez también justificó que el acuerdo presidencial manda a pagar directamente la deuda completa.
“Es que así funciona. La Ley de Endeudamiento lo establece, acuerdos de otros gobiernos así lo han hecho. Es el procedimiento. Primero se formaliza. Luego pasa a la Asamblea Nacional para trabajar con esa herramienta que es el Presupuesto de la República”.
Pero, ¿por qué escoger a Caruna, diputado?, se le preguntó.
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“Eso por favor le pido que se lo pregunte al ministro de Hacienda y Crédito Público”. Dicha entidad ha guardado silencio sobre el tema desde que se hizo la primera publicación hace dos semanas.
El acuerdo presidencial 230-2015, con el cual el presidente manda a pagar la deuda a Caruna se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, el 23 de diciembre pasado.
ACUERDO OCULTÓ INTERÉS
El acuerdo presidencial no revela detalles de la deuda, como si esta tuvo algún interés por el financiamiento o los plazos para su pago.
Para el diputado Carlos Langrand, del PLI, acudir con Caruna fue hacerlo con el prestamista más “usurero” al que pudo apostar el Gobierno.
“Lo que ha hecho el presidente Ortega es utilizar un dinero de todos los nicaragüenses para usarlo de manera criminal y usurera. Es un usurero del Estado y para eso utiliza a Caruna. Ese dinero se lo prestan al dos por ciento de interés, a 25 años de plazo. Pero nosotros hemos visto cómo todas las deudas de Caruna son contratadas al ocho por ciento. En el sector productivo y agrícola, nosotros podemos obtener créditos del seis por ciento, 6.5 por ciento. Pero al ocho por ciento es una deuda con toda la premeditación, alevosía y ventaja”, señaló el parlamentario.
“ES ILEGAL Y DELICTIVO”
Para el diputado de la Alianza PLI, Enrique Sáenz, la operación para pagar la deuda de Enabas con Caruna es “ilegal y delictiva”.
“Ellos están transformando en deuda pública los recursos de Caruna. Este es el mismo caso de los 290 millones de dólares que le estamos pagando a Caruna por la tarifa eléctrica, a un ocho por ciento de interés. Estas son truculencias del régimen para seguir alimentando sus capitales ante la caída de sus ingresos por el desplome de los precios de petróleo”, explicó Sáenz.
“Esta operación es ilegal e incluso es delictiva. Pero al orteguismo le importa poco cumplir con las leyes, ni siquiera con las que ellos mismos hacen. El presidente actúa como un monarca, donde su voluntad es la ley. No sigue los procesos que establece la misma ley para las deudas públicas”, añadió.
