Opositores denuncian confiscación de la democracia en Nicaragua
La oposición calificó como “una farsa electoral” los comicios generales de noviembre, después de denunciar que el ejecutivo de Daniel Ortega los sacó de la contienda valiéndose de su influencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que calificó como una “confiscación de la democracia”.
Para el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), miembro de la Coalición Nacional por la Democracia (CNC), Ortega arrebató a los nicaragüenses el derecho a elegir una opción distinta al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La Sala Constitucional de la CSJ, controlada por magistrados sandinistas, le quitó primero el 8 de junio pasado la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) al dirigente opositor Eduardo Montealegre.
Montealegre encabezó la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones presidenciales de 2011, y, en la casilla del PLI bajo su liderazgo, se agruparon las fuerzas opositoras de la Coalición, entre ellas el MRS.
En otras litis interna, el viernes pasado la CSJ cerró otra puerta a esta agrupación opositora, al declarar nulas las directivas del Partido de Acción Ciudadana (PAC), entre ellas la representada por Moisés Hassan, aliado de los opositores, con lo que se eliminó la última esperanza de los adversarios de Ortega para participar en las elecciones generales.
Hassan dijo ayer vía telefónica que, aunque la noticia de la anulación del PAC es del conocimiento público, hasta ahora no ha recibido una notificación oficial de la CSJ.
En este momento Hassan anunció que está preparando una carta abierta rechazando la decisión judicial.
El MRS emitió un comunicado en el cual deja clara su posición. “Al pueblo nicaragüense se le confisca por completo su posibilidad de optar por un cambio, decidiendo libremente quién debe gobernarnos”, advirtieron.
Según el pronunciamiento, las decisiones de la CSJ cerraron el proceso electoral y se dio paso a una farsa, “cuyo único fin es el de favorecer la entronización de Ortega y su familia en el poder, liquidando el pluralismo, la libertad de pensamiento y organización de los nicaragüenses”.
El cuestionamiento principal es a la Sala Constitucional de la CSJ, a la que consideran un “instrumento de los intereses políticos de Daniel Ortega” para dar un golpe al derecho a decidir de la ciudadanía. La sala en su mayoría la integran magistrados sandinistas y la preside también un magistrado de ese partido, Francisco Rosales.
El MRS señala que las boletas para la votación quedarían solo con Ortega y sus aliados como opciones, luego de la decisión judicial.
PALLAIS LAMENTA DICTADURA
José Pallais, exdiputado y miembro de la Coalición, opinó que Ortega tomó la decisión de gobernar sin oposición y el instrumento que usó para “matarla” fue la CSJ.
Pallais explicó que la decisión de anular la oposición no es un tema que se pueda explicar desde la legalidad, por eso no hay un mecanismo jurídico que se pueda usar para cambiar lo hecho.
“Las cosas ya cambiaron en Nicaragua, no hay democracia, Ortega se quitó el último disfraz de democracia. Estamos ante una dictadura, en la que no hay opción”, lamentó el exdiputado Pallais.
MENOS CONDICIONES
Luisa Molina, directiva de la Coordinadora Civil, siempre ha tenido una posición de que no hay condiciones ni garantías para participar en las elecciones, aún cuando no se había sacado del juego al PLI de Eduardo Montealegre y al PAC de Moisés Hassan, pero ahora cree que hay “menos condiciones” que antes, debido a las decisiones de la Sala Constitucional de la CSJ. Molina es de la idea de que cada ciudadano debe tomar una decisión informada sobre su participación en los comicios presidenciales del próximo 6 de noviembre.
COMPLICIDAD DEL CSE
En junio de 2008 el Consejo Supremo Electoral suspendió la personalidad jurídica del MRS, integrados por disidentes sandinistas críticos de la administración de Daniel Ortega. Con esta acción el orteguismo evitó que el MRS participara en las elecciones municipales que se realizarían en noviembre del 2008.
En abril de 2013, el CSE canceló la personalidad jurídica de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), partido que había sido aliado del FSLN, pero que luego el presidente de la UDC, Agustín Jarquín, hizo ver su oposición y crítica al partido gobernante, retirándose de la alianza con el FSLN.
