Costa Rica advierte a sus ciudadanos que viajen a Nicaragua
Costa Rica se unió a los países que han sugerido a sus ciudadanos que adopten medidas de seguridad para viajar a Nicaragua. Anteriormente lo hicieron México y Estados Unidos.
Las alertas de viaje a Nicaragua han sido efectuadas por los tres países, después de que en junio pasado se registraron a lo interno varias detenciones y al menos 11 expulsiones de extranjeros, entre ellos ambientalistas, catedráticos y funcionarios. Varios de los expulsados corresponden a los países que han emitido las alertas.
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La Dirección General de Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica emitió un protocolo para viajeros en caso de que sus ciudadanos lleguen a Nicaragua, a través del cual ofrece una dirección de correo electrónico para que sus ciudadanos antes de viajar envíen una serie de datos, entre los que se incluye un contacto en el país y un “contacto de emergencia en Costa Rica”.
También recomienda la cancillería costarricense que durante la estadía en el país porte siempre su documento de identidad, guarde una copia de la cédula y de las páginas de información y de registro de ingreso de su pasaporte en un lugar seguro.
AVISEN DE SUS MOVIMIENTOS
También sugiere a sus connacionales que en el lugar de hospedaje o a las personas con las que viajan dejen aviso de sus movimientos. Asimismo, la cancillería les advierte que tomen en cuenta que en el país “el uso y posesión de todo tipo de droga es ilegal, aún cantidades pequeñas para uso personal”.
Y aconseja: “Si es víctima de algún delito, avise inmediatamente al Consulado de Costa Rica” y de inmediato denuncie en la Policía Nacional.
La institución costarricense advierte en caso de detención: “Pida que lo comuniquen con el Consulado de Costa Rica en Managua. Usted tiene derecho a la comunicación con su Consulado de acuerdo con la Convención de Viena de Relaciones Consulares, artículo 36. Sus datos personales y el hecho de su detención serán tratados con confidencialidad”.
El cumplimiento de la Convención de Viena ha sido uno de los principales reclamos de las representaciones diplomáticas para que les permitan visitar a los extranjeros detenidos en el país, lo cual no ha ocurrido.
HECHOS CONOCIDOS
Entre los hechos en que se han visto involucrados ciudadanos extranjeros que más han trascendido en los últimos meses están: el del pasante mexicano Jobany Torres, detenido por varios días por simulación de delitos y luego expulsado, y el de los seis miembros de la Caravana Mesoamericana Para el Buen Vivir, de diferentes nacionalidades, detenidos en La Fonseca, Nueva Guinea, tras la explosión de un tanque con residuos de gasolina cuando les enseñaban a los campesinos prácticas amigables con el medioambiente.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, y el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, coinciden en que este tipo de hechos pueden tener como consecuencia el aislamiento del país.
“Son mensajes negativos”, apuntó Carmona, quien indicó que “nos pone ante el mundo como un país inseguro”.
SITUACIÓN EMPEORARÁ
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, dijo conocer que el gobierno de Daniel Ortega arreciará sus controles.
Carrión afirmó que tiene informaciones que indican que el gobierno de Ortega “ha bajado instrucciones, como Estado, para generalizar (al momento del) ingreso de los extranjeros ser sometidos a control, (por ejemplo), indagando el motivo por el cual los extranjeros visitan Nicaragua.
Por su parte, Marcos Carmona, de la CPDH, también considera que las expulsiones de extranjeros el mes pasado dejan entrever que esta situación se puede agudizar. Además, no descarta que a México, Estados Unidos y Costa Rica se sumen otros países en cuanto a la emisión de alertas para sus ciudadanos.
VAN 30 EN SEIS AÑOS
Según el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, en los últimos seis años han sido deportados o expulsados del país unos treinta extranjeros de diferentes nacionalidades, pese a que estos ingresaron de forma legal. Sin embargo, fue en junio pasado cuando se registró la mayor cantidad de expulsiones por parte del Gobierno, sin que hasta ahora se conozca una versión oficial sobre las causas reales de las decisiones gubernamentales.
