Juan Sebastián Chamorro denuncia que ordenaron capturar a su esposa, su suegra y su cuñada, en una maniobra de “represión fiscal”

Juan Sebastián Chamorro director ejecutivo de la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia, denunció este jueves que lautoridades han emitido una orden de captura contra su esposa Victoria Cárdenas, su suegra, Victoria Lacayo, y su cuñada, Gabriela Cárdenas.

Según Chamorro, la medida carece de fundamentos legales y lo ve más como una persecución política.

“Desde hace meses, el régimen, en su afán por conseguir recursos económicos, se ha dedicado a presionar a empresarios y empresarias del país con abusivos cobros, reparos y multas.  Estos casos tienen el objetivo de recaudar recursos por medio de la presión ilegal: si no pagan, cárcel. Ha habido varios casos de este tipo.  Empresarios han caído presos por supuestas deudas con el Estado, son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero”, señala la denuncia.

Asimismo, apunta que los afectados no han querido hacer la denuncia por temor a represalias.

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Por otro lado, hace referencia a que hay un terrorismo fiscal en el que está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua.

“Mi suegra Victoria Lacayo es dueña de la inmobiliaria Intermezzo del Bosque, que por más de 23 años se ha dedicado al desarrollo urbanístico.  Después de enviudar y dedicarse a una serie de trabajos para poder vivir y mantener a sus dos hijas, mi esposa Victoria Cárdenas y mi cuñada Gabriela, pudo con mucho sacrificio y sin la ayuda de nadie desarrollar una urbanización en Managua, amigable con el medio ambiente y cumpliendo los requisitos de ley”, relata Chamorro.

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Prosigue diciendo que “igualmente, desarrolló un restaurante, muy conocido, gracias a su empeño y dedicación de ella y sus hijas. Después de una auditoría impuesta por la comuna, la dirección de recaudación dictaminó que la urbanizadora había ganado, solamente entre los años 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas. La auditoría sentenció que se le debe a la alcaldía la astronómica suma de 9 millones 478 mil córdobas”.

“¿En la mente de quien cabe que una empresaria pudo haber tenido ingresos equivalentes de 10 millones de dólares?, se pregunta Chamorro.

“Ante este abuso hicimos uso de los recursos en la vía administrativa, sin ningún resultado. El 9 de julio, a través del despacho jurídico Rojas y Ramírez, a través de una carta firmada por Ricardo Humberto Ramírez McNally, mi suegra, cuñada y esposa  fueron advertidas y amenazadas con cárcel si no pagaban la exorbitante suma de nueve millones 478 mil córdobas.  Este es un acto de intimidación de parte de un abogado sin atribuciones y  además incurriendo en calumnia, al imputar defraudación fiscal al acusar ilegalmente en un Juzgado Penal”, denuncia.

“La inmobiliaria posee las solvencias fiscales recibidas regularmente de la alcaldía en los últimos años, incluyendo la última, vigente al 31 de diciembre del 2019. El día 21 de agosto la Jueza Imara Isabel Castro Martínez y su secretario Juan Carlos Ruiz Muñoz, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dictó orden de allanamiento de morada y detención contra mi suegra Victoria, mi esposa Victoria y mi cuñada Gabriela Cárdenas, quien vive fuera de Nicaragua.  Ante este acto abusivo de autoridad de la Jueza.  Sometimos un recurso de amparo ante el tribunal de apelaciones, esperando que éste suspenda el acto, aunque las probabilidades son muy bajas, como ha pasado en los demás casos”, aclara.

Reafirma lucha contra el régimen

Por otro lado, Chamorro asegura que su familia “no se va a dejar intimidar por funcionarios y abogados que amenazan con cárcel a los empresarios de este país”.

“Es por eso que hacemos esta denuncia pública y declaramos que no vamos aceptar intimidaciones.  Cada quien es dueño de su miedo, y en este caso no tenemos miedo, por estar con la verdad de nuestro lado”, aseveró.

Asimismo, hace un llamado a todos los que han sido afectados por este tipo de prácticas intimidatorias, que las denuncien para que Nicaragua y el mundo sepa de este tipo de represión fiscal por parte de la dictadura de Ortega, pues considera que estos atropellos atentan contra la libre empresa, ahuyentan la inversión e impide la generación de empleos tan necesarios en estos momentos.

“Este ataque contra la integridad de mi familia solamente confirma mi determinación de seguir luchando hasta que un día, podamos los nicaragüenses vivir en un estado de derecho y sin una dictadura que irrespete los derechos de todos los nicaragüenses”, concluyó  Juan Sebastián Chamorro.

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