Oficialismo presenta polémica Ley de ciberdelitos

Diputados del Frente Sandinista presentaron este lunes una iniciativa de Ley que busca regular el uso de las redes sociales e Internet en Nicaragua.

El anteproyecto de Ley, denominado Ley Especial de Ciberdelitos, contempla 25 de definiciones para este tipo de delitos, entre esta, la violación a la seguridad, copia de datos digitales, manipulación de la información personal, acoso sexual cibernético por mencionar algunos.

La fundamentación de la iniciativa, indica que la norma tiene como objeto ” la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas”.

La iniciativa busca además, sancionar con cárcel a quienes comentan estos delitos tanto a lo interno de Nicaragua, como a quienes estén fuera del país.

Pero es sin duda el artículo 30, referido a la definición de “noticias falsas” y la pena de cárcel para quienes las propague lo que ha causado alarma en el gremio periodistico de Nicaragua y entre los defensores de derechos humanos.

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Lo establecido

Con respecto a la propagación de las noticias falsas, el anteproyecto contempla penas de hasta tres cuatro años de cárcel para quienes difundan contenido tendencioso.

“Quien, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, publique o difunda información falsa o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, o en un grupo o sector de ella a una persona o familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y de 300 a 500 días de multa”, indica el documento.

A renglón seguido agrega algunos agravantes al delito, por ejemplo, si lo publicado perjudica “el honor, prestigio o reputación de una persona o familia, se impondrá una pena de uno a tres años de prisió y de 150 a 300 días de multa.

Además, “si incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público o la seguridad soberana, se le impondrá pena de 3 a 5 años de prisión, y de 500 a 800 días de multa”, indica el texto.

Acoso sexual y explotación de menores

Por otro lado, en el anteproyecto se establece un capítulo especial que tipifica los delitos referidos contra la integridad sexual y corrupción de menores.

Al respecto el documento establece pena que oscilan entre los dos y diez años de cárcel, sanciones que podrían incrementarse si  existiesen agravantes en el delito.

Así mismo se establece que en este tipo de casos, el proceso de investigación se realizarán de manera confidencial y en caso de ser necesario se establecería la “cooperación internacional en materia de extradición y asistencia legal mutua”.

 

 

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