Autoritarismo consolidado en Nicaragua según informe de Human Rights Watch

La organización Human Rights Watch (HRW, siglas en inglés) divulgó este lunes su reporte anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, dedicando un capítulo entero a la situación en Nicaragua.

El reporte indica que en el último año se han consolidado los controles gubernamentales, registrando en el proceso severas  violaciones a libertades individuales, asociativas y la independencia gubernamental.

«Desde que asumió en 2007, el gobierno del Presidente Daniel Ortega ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales sobre el poder presidencial.», señala el reporte.

Además detalla que el Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, ha excluido a partidos políticos opositores y destituido a legisladores de la oposición.

«La Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Supremo Electoral que socavan derechos políticos y que permitieron a Ortega ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato.», dice el informe.

Negar impacto de la pandemia

HRW señaló también que el gobierno de Nicaragua ha utilizado una estrategia de «negacionismo, inacción y falta de transparencia» ante la pandemia del Covid-19.

«El gobierno se ha negado a brindar información sobre la cantidad de pruebas de Covid-19 realizadas.2, afirma el documento.

Además indica que «si bien el gobierno reportó hasta septiembre más de 5.000 casos de contagios y más de 140 muertos, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19 registró el doble de posibles casos y 2.700 muertes —casi 20 veces más que lo informado oficialmente—. Según informes de prensa, las autoridades han encubierto presuntos fallecimientos por Covid-19, informando que la causa de muerte es una “neumonía atípica” y enviando a funcionarios y policías a realizar entierros exprés”.

En cuanto a los ataques a los opositores, la información del organismo precisa que en 2020, los abusos policiales continuaron. «En marzo, miembros de la policía atacaron y detuvieron a manifestantes que demandaban la liberación de presos políticos, según se informó en los medios, y policías y agresores no identificados atacaron a periodistas».

Así mismo, defensores de derechos humanos y otros actores que son críticos del gobierno siguen siendo blancos de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia y agresiones.

La crisis política en el país han provocado que al menos 103.000 nicaraguenses han huido del país. De acuerdo al reporte hasta marzo de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, 77.000 nicas habían pedido refugio en Costa Rica.

Derechos sexuales

Por otro lado, la información de HRW destaca que desde el año 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando un embarazo suponga un riesgo para la vida o sea el resultado de violación o incesto. Las mujeres y niñas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos van de uno a seis años de cárcel.

«Debido a la prohibición del aborto, mujeres y niñas con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, que ponen en riesgo su salud y su vida», dice el texto.

Finalmente la información menciona que las acciones en Nicaragua han causado un profundo repudio internacional. Varios funcionarios gubernamentales han sido sancionados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

«En octubre de 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución en la cual se dispuso que el gobierno de Ortega tendría plazo hasta mayo de 2021 para implementar las reformas electorales necesarias a fin de garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021», finaliza el texto.

 

 

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