Especialistas cuestionan instauración de cadena perpetua en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana una reforma al artículo 37 de la Constitución Política, al Código Penal y la Ley Integral de violencia contra las mujeres, Ley 779.

Dicha modificación dejó establecida la cadena perpetua para quienes cometan «crímenes de odio», a como los califica el gobierno.

La medida ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones feministas y abogados, quienes cuestionan la ambigüedad del término y los riesgos que podría significar esta nueva disposición.

Roberto Fúnez Narvaez, especialista en Derecho Penal y Procesal señala que estas reformas no se discutieron con la amplitud requerida y se ha dejado por fuera otros aspectos de la legislación nacional.

«Por ejemplo, no se está abordando la reforma al segundo párrafo del artículo 8 del Código Penal Vigente, el cual se refiere al principio de humanidad, que dice no se impondrán pena o penas que aisladamente, o en su conjunto duren más de 30 años», explica Fúnez.

El abogado agrega que al aplicarse las reformas, «desaparecería del sistema jurídico-penal nicaraguense, de forma tajante el principio de humanidad, lo cual volvería a los nicaragüenses más proclives a sufrir graves vejámenes y violaciones a los derechos humanos».

Segunda reforma al Código Penal

Fúnez explica que en junio de 2017, entró en vigencia la reforma a la Ley 952 con la que se modificaba las penas en crímenes contra la mujer y otros de índole violentos.

«La Ley 952 agregó nuevas circunstancia agravantes y aumento las sanciones penales en los delitos de parricidio, asesinato, asesinato agravado, violación a menores de catorce años, violación agravada, también agravo las penas para el delito de femicidio», señala Fúnez.

Las modificaciones al Código Penal, vigentes desde hace cuatro años, establecieron penas de entre 15 y hasta 25 años de prisión para quienes cometieran los delitos antes mencionados.

Además, en dicha reforma se estableció el término «competencia territorial», el cual autoriza a que los responsables por cometer estos crímenes sean juzgados en Managua, cuando se tratase de un delito de trascencia nacional.

Por su parte en declaraciones al portal Voz de América, María Asunción Moreno, especialista en Derecho Penal explicó que aunque se han incrementado los castigos para los responsables de este tipo de delitos, todavía queda en duda el criterio de los crímenes de odio.

“En el fondo se queda el vacío de saber cuál fue la motivación, porque inclusive en la reforma que se incorporó en la Constitución política se hace referencia que se va a castigar los crímenes de odio… pero ese capítulo no se ha cerrado todavía yo creo que vendrá una reforma posterior relacionada con este tema”, dijo Moreno.

Mientras que el Movimiento Autónomo de Mujeres MAM, rechazó mediante un comunicado la aprobación de la cadena perpetua en el país.

«Esta reforma representa un retroceso jurídico que viola principios y normativas constitucionales, así como los estándares internacionales de derechos humanos y los fines específicos del derecho penal», dice el comunicado del MAM.

 

 

 

 

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