Oacnudh: «Reforma atenta contra presunción de inocencia»

La reforma al Código Procesal Penal aprobada en la Asamblea Nacional de Nicaragua fue calificada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, OACNUDH como una violación a los estandares internacionales y la presunción de inocencia.

«La reforma del Código Procesal Penal aprobada ayer, al retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención, es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener», señaló OACNUDH en su cuenta de Twitter.

 

El martes pasado, diputados del gobernante Frente Sandinista aprobaron una reforma que modificó los artículos 253 y 256 que establecían que una persona no podía permanecer detenida más de 48 horas sin ser presentado ante las autoridades para una audiencia inicial. Ahora ese tiempo ha sido extendido hasta un máximo de 90 días.

«La reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno.
Pone en riesgo, además, la integridad y seguridad de los denominados “detenidos judiciales”, que permanecerán sin control judicial efectivo», valoró OACNUDH.

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Legaliza abusos

De esta manera quedó legalmente establecido el mecanismo con el que la Policía ha operado desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales en 2018, en la que las largas detenciones de opositores fue un modus operandi establecido de facto.

«OACNUDH, exhorta al Estado de Nicaragua a revisar esta reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades», finaliza el organismo defensor.

Esta reforma viene a complementar otras moficaciones a la legislación penal que el gobierno ha aprobado en semanas recientes,
tales como el establecimiento de la cadena perpetua a quienes cometan «crímenes de odio», según el discurso oficial.

Así mismo se han aprobado la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual sanciona a quienes reciban pagos y donaciones del exterior, la Ley de Ciberdelitos, apodada “Ley Mordaza” por regir información digital, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que impide aspiraciones políticas a quienes critiquen al Gobierno.

Las medidas han sido criticadas  tanto por especialistas en derecho penal y miembros de opositores, los cuales las consideran «leyes represivas».

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