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De acuerdo a FIDH, el documento tiene dos ejes, el primero centrado en el análisis de 113 ejecuciones extrajudiciales de las 328 cometidas en su mayoría entre abril y septiembre 2018; y explica porque estas constituyen crímenes de lesa humanidad.
«Se muestra el carácter sistemático de estos asesinatos y en particular la coordinación en los operativos que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales entre entidades estatales, y paraestatales como son las milicias orteguistas», dice.
Así mismo, menciona la manera en cómo fueron organizados estos grupos armados paraestatales.
El informe exponé también el papel que durante la represión desempeñaron la vicepresidenta Rosario Murillo, Francisco Javier Díaz Madriz, director de la Polícía Nacional de Nicaragua, y de Sonia Castro, exministra de la Salud, esta última por haber dado órdenes para la negación de asistencia médica a las personas heridas en los contextos de ataques a manifestaciones y tranques.
Mientras que en la segunda parte del texto se contextualiza cómo hasta hoy esos mismos aparatos estatales y paraestatales continúan la represión con una estrategia más selectiva.
«En 2019 y 2020 los secuestros “exprés” fueron parte de las modalidades de represión, registrándose un promedio diario de 10 casos de secuestros o arrestos ilegales, ejecutados por policías y civiles armados durante el último trimestre de 2019», menciona el texto.
Agrega que quienes fueron detenidos en el marco de las protestas en 2018 y posteriormente liberados, sufren incesantes persecuciones y amenazas.