Urnas Abiertas: se usa el Sistema Judicial como herramienta para la persecución política en Nicaragua

El observatorio ciudadano “Urnas Abiertas”, en su tercer informe titulado “Radiografía de la persecución judicial contra la oposición en Nicaragua”, recoge los patrones sistemáticos de judicialización de la política por el Estado de Nicaragua contra voces disidentes en el contexto electoral.

También describe el desarrollo del proceso de establecimiento de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, y por último, analiza los patrones de violencia política observados en la última quincena y sus variaciones respecto a los ocho meses observados por Urnas Abiertas.

Persecución judicial

El 20 de mayo, después de las cancelaciones arbitrarias e ilegales a los partidos políticos Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), se dio inicio a una nueva modalidad de represión contra la oposición electoral. Se trata de la persecución judicial contra la oposición.

La judicialización de la política, instrumentalización de la justicia o persecución judicial se refiere al uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, para inhabilitar o debilitar a oponentes políticos mientras se da una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de leyes irregulares.

En un marco temporal de tan sólo una semana (entre el 2 y el 8 de junio) cuatro personas precandidatas presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro han sido detenidas arbitrariamente, junto con otras personas de su entorno laboral y/o político.

Hasta el domingo 13 de junio, 9 liderazgos opositores también habían sufrido detención arbitraria en contextos de secuestro o desaparición forzada por parte de la policía nacional: José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, José Pallais Arana, Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco.

En los últimos días, el Ejecutivo ha hecho uso de manera autoritaria de toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones y, particularmente, de personas aspirantes a candidaturas presidenciales. Específicamente, se ha utilizado el Sistema Judicial como herramienta para la persecución política y entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo.

Hasta la fecha se conoce de cuatro leyes que están siendo utilizadas en la persecución judicial contra opositores: Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados; Ley N° 1042, Ley Especial de Ciberdelitos; Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; y Ley N° 1060, Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal.

Establecimiento de estructuras CED/CER

A pesar de la persecución judicial y la violencia política que busca eliminar la competencia electoral, el Gobierno y el CSE continúan ejecutando las actividades del calendario electoral, pretendiendo que es posible el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado; ejemplo de esto fue el nombramiento y toma de posesión de integrantes de los Consejos Electorales y Regionales en conformidad a lo establecido en el calendario electoral.

El Segundo Miembro de los CED/CER se distribuyeron entre el resto de partidos inscritos en la contienda electoral los cuales presentaron sus ternas respectivas, según consultas ciudadanas realizadas por Urnas Abiertas estos cargos fueron asignados de la siguiente manera: Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) – 6 (35.29%); Ciudadanos por la Libertad (CxL) – 5 (29.41%); Partido Camino Cristiano (CC) – 3 (17.65%); Yatama – 2 (11.76%); Alianza por la República (APRE) – 1 (5.89%).

Violencia política

Entre el 16 y el 31 de mayo de 2021 se registraron 119 hechos de violencia política en el contexto electoral que fueron cometidos en un 96,64% (115) de manera individual o grupal a ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos, el otro 3,36% (4) de forma institucional, es decir contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se han cometido 721 hechos de violencia política en el contexto electoral.

Los datos sistematizados hasta el 31 de mayo muestran un aumento en los hechos de judicialización, que incluye a personas con procesos penales en curso, con detención judicial o citados en calidad de testigos o investigados de manera arbitraria por el Ministerio Público.

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