Urnas Abiertas: uso de recursos del Estado y proselitismo político corrompe el proceso electoral en Nicaragua

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas analiza el empleo de recursos del Estado para realizar proselitismo político, instituciones públicas en actividades partidarias del FSLN, el rol partidario de la Policía Nacional y la actual situación que viven las personas que trabajan en el Estado, al ser obligadas a asistir a conmemoraciones sandinistas y actividades electorales.

 Lo anterior, comprueba la magnitud del nivel de influencia que posee el partido de gobierno, tanto en las instituciones del Estado, como en el proceso electoral, por lo que concluyen que no existan controles legales o administrativos a las acciones irregulares del FSLN en un período

supuestamente electoral, solo confirma la ineficiencia del Consejo Supremo Electoral y su incapacidad de administrar el actual proceso.

 

Uso de recursos públicos para actividades partidarias

 Según el reporte ciudadano de Urnas Abiertas, hasta el 1 de julio se han registrado uso de recursos del Estado en actividades que incluye la partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias del FSLN. Estos reportes fueron recibidos desde los 17

departamentos y Regiones Autónomas, y de 57 de los 153 municipios (37,27%) del país.

 Las actividades partidarias del FSLN hasta el 1 de julio han contado con la participación de al menos 23 entidades públicas, entre ellas Policía Nacional, contraviniendo así su naturaleza civil y apolítica. Otras instituciones que han participado son: alcaldías municipales, Ministerio de

Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), el Ministerio de Salud (MINSA), la Empresa Nicaragua de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), Bomberos de Nicaragua, entre otras.

El día 1 de julio, la Policía Nacional encabezó caravanas en distintas regiones del país en el marco de lo que el partido de gobierno ha denominado “Diana Bienvenida Julio Victorioso 42/19”. Se ha procedido a confirmar, a través de reportes ciudadanos, que las caravanas partidarias fueron desarrolladas a lo largo de 69 municipios en todo el territorio nacional y fueron promovidas en un 100% por las Alcaldías Municipales y acompañadas por diferentes instituciones, principalmente la Policía Nacional y el Ministerio de Salud (Minsa).

Trabajadoras del Estado bajo vigilancia, hostigamiento, amenazas y represalias

El gobierno ha permitido y promovido que trabajadoras y trabajadores del Estado participen en actividades partidarias y electorales del FSLN, en algunos casos bajo amenazas, vigilancia, hostigamiento, represalias y otras acciones coercitivas que les obligan a ser partícipes.

Tras la instalación de las Unidades de Victorias Electorales (UVE) a nivel institucional, funcionarios públicos se han reunido mientras se encontraban en horario laboral y/o utilizando instalaciones públicas con fines político-electorales, a pesar que el artículo 107 de la Ley Electoral lo prohíbe.

 Según reportes ciudadanos y denuncias anónimas recibidas, los trabajadores públicos están siendo obligados a participar en capacitaciones electorales, a dar aportes económicos al partido FSLN que pueden rondar de los C$30 a los C$2.500, a dedicar horas no laborales a actividades del

partido, a solicitar su carnet de militantes del FSLN, a participar en actividades políticas dentro de las instituciones, a mostrar sus equipos electrónicos para revisión de redes sociales, a brindar informes periódicos a los Secretarios Políticos de sus centros de trabajo o de sus barrios, entre otros.

 Ley de Agentes Extranjeros no puede regular financiamiento electoral de partidos

Durante el mes de junio, medios de comunicación oficialistas y redes afines al Gobierno desarrollaron una serie de materiales comunicacionales para justificar el marco legal restrictivo aprobado en 2020, las detenciones arbitrarias y toda la estrategia represiva de Persecución Judicial bajo argumentos de que se está regulando el financiamiento electoral.

 

Sin embargo, de acuerdo a un análisis de la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 331 Ley Electoral, se identificó que los Partidos Políticos no son objeto de regulación de la Ley 1040, sino que los tendencialmente regulados por esta son los organismos de la sociedad civil.

 

La Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros no le es aplicable a los partidos políticos al no estar dentro de los sujetos obligados de la misma. La ley aplicable al financiamiento electoral, por criterio de especialidad y de jerarquía, es la Ley Electoral, incorporar en su texto restricciones de

financiamiento electoral extranjero no corresponde y es ilegal desde la perspectiva de la jerarquía normativa, debido a que incorpora una disposición de una ley ordinaria, jerárquicamente inferior a la Ley Electoral que es una ley constitucional.

 Entre el 16 y el 30 de junio de 2021 se registraron 119 hechos de violencia política en el contexto electoral. El 26,89% (32) de los hechos de violencia política que se dieron fueron de judicialización.

 En este período se observa un cambio en la cantidad de hechos registrados por categorías, es decir, por primera vez los hechos de “judicialización” registran una mayor frecuencia que los de “hostigamiento”; lo que reafirma que se mantiene y profundiza la Persecución Judicial como estrategia represiva. Junio es el mes con más violencia política reportada desde que se inició nuestra labor de observación en octubre de 2020.

 Entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021 se han cometido 1.065 hechos de violencia política en el contexto electoral.

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