Por qué Ortega se niega a salir del negocio de la minería y ordenó reforzar el control en el sector. Esto dicen analistas

El analista político y exdiputado Eliseo Núñez explica que con dicha reforma Daniel Ortega se está asegurando que el esquema de cobros de coimas o extorsiones que se había institucionalizado y legalizado con la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) continúe funcionando a través de dos vías: la exigencia de que el Estado tenga participación en las nuevas concesiones y la amenaza constante y permanente de que una empresa pueda ser intervenida rápidamente en caso de que incumpla con el pago de la misma.

“Los concesionarios actuales ya asumen como hecho consumado eso (el pago de las coimas). Las empresas establecidas ya tienen dentro de sus costos pagarle al Estado o al Frente Sandinista una cantidad de dinero por mantener la concesión”, afirma Núñez, que señala que una afectación más grave sería si el régimen decide aumentarle el monto que ilegalmente les quita.

Estas empresas, añade el exdiputado, “asumen básicamente desde los cobros institucionales hasta las coimas que les pide el partido de Gobierno. Salvo que suban esos porcentajes no los miro en riesgo en este momento, incluyendo la capacidad de intervención y otras cosas que es una especie de premio-castigo. Es decir, ellos van a intervenir una mina en la medida, no que esté dañando el medioambiente ni nada por el estilo, la van a intervenir en la medida de que no paguen el dinero a la persona que designe el Gobierno que le va a entregar la plata, me refiero a pagos ilegales”.

Lo que dijo EE. UU.

El pasado 17 de junio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a Eniminas, cuya entidad no exporta el mineral, sino que se encarga de captar los beneficios o regalías que los inversores deben aportar al Estado y además de promover el desarrollo del sector y gestionar las concesiones.

Cuando fue sancionada, Estados Unidos dijo que “los miembros de alto rango del régimen Ortega-Murillo se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al enorme papel que Eniminas ha desempeñado en la canalización de ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen”.

Antes de la reforma actual a la Ley 387, la Ley creadora de Eniminas (Ley 953) establecía en el artículo 5 numeral 1 que esta empresa estatal podía participar en una concesión entregada al sector privado, cuando el Estado tuviese algún “interés en las áreas de reserva minera nacional” solicitada por el inversionista.

Pero después del traspaso de los bienes y poderes de Eniminas al Ministerio de Energía y Minas, en la Ley 387 se reformó el artículo 84 y se agregó un párrafo que señala que en todas las áreas de reserva minera que se entreguen en concesión ahora debe ir en alianza con un tercero, que el Ministerio de Energía puede designar.

“Para otorgar concesiones en las áreas de reserva minera, los interesados deberán suscribir alianzas, asociaciones, sociedades con empresas privadas, públicas o mixtas o cualquier forma de participación que proponga el Ministerio de Energía”, dice el nuevo párrafo.

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Actualmente casi todas las áreas de exploración de oro y otros metales que dispone el país están calificadas como reserva minera, que son aquellas zonas donde una empresa ya hizo estudios y desistió en el proceso de explotación y las devolvió al Estado. El Ministerio de Energía y Minas también tiene el poder de declarar una zona como reserva minera sin necesidad de que esta previamente haya estado en estudios.

Antes no se requería que un nuevo inversionista estableciera asociaciones para pedir una concesión de estas áreas de reserva, pero ahora debe hacerlo, lo que hace temer a los especialistas que el MEM incorporará en esas participaciones a empresas ligadas al orteguismo, tal como venía ocurriendo antes cuando Eniminas se estaba asociando con empresas desconocidas en el gremio y que a voces se conoce que esas compañías están ligadas al partido de Gobierno. En el sector nadie se atreve a hablar sobre esas desconocidas extractora del mineral.

Así legalizaron las coimas

En medio de la oposición del sector privado, Eniminas nació en el 2017 y desde entonces las pocas concesiones que se han entregado en el sector son a empresas sin trayectoria en el campo, incluso que en gremio no conocen y que pueden figurar en la lista de compañías que el MEM ordene asociarse a un inversionista extranjero que pida una concesión o a las mismas empresas que tienen trayectoría.

“Lo que había hecho Ortega con Eniminas era legalizar lo que en Nicaragua se conoce como la coima y nombraba un director Eniminas en las concesiones nuevas, en las viejas no y este director que nombraba el Estado tenía una participación tanto en petróleo como en minas… la idea ahora es que eso se mantenga con la reforma y la facultad al MEM”, insistió Núñez.

Y para evitar que el esquema de entrega de pagos ilegales se descarrile, el analista explica que se agrega otro elemento, el párrafo segundo que se incorporó al artículo 2 de dicha ley: “El Ministerio de Energía u Minas ejecutará un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas a la fecha de publicación de la presente ley, para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros; facultándose al Ministerio a cancelar dichas concesiones en caso de incumplimiento o establecer acuerdos de cumplimiento en los casos que amerite con los concesionarios mineros infractores”.

“Esto simplemente es para amenazar con quitar la concesión si no aceptan las reglas que les van a imponer. Es decir está diseñado para aumentar la discrecionalidad del Estado, en el mejor de los casos para cobrar más impuestos, pero en el peor de los casos para aumentar la coima que van a pedir por mantener la concesión abierta”, dice Núñez.

En otras palabras, le están dando más fuerza de ley al Ministerio de Energía y Minas de cara a un incremento en el monto que cobra por debajo de la mesa los agentes del Frente Sandinista. “Tienen dos herramientas, la del interventor y la segunda, la de cancelación de la concesión”, afirma.

¿Garantizar la triangulazión de oro?

El sociólogo Óscar René Vargas coincide con Núñez que todo esto está creando las condiciones para expropiar a los inversionistas cuando el régimen tenga la capacidad de quedarse en el negocio completamente, más allá solo de garantizarse el cobro de los pagos ilegales.

Indicó que el hecho que le hayan dado al MEM la orden de dar un seguimiento a las concesiones ya establecidas y que en caso de incumplimiento se cancelen concesiones o bien se busquen acuerdos para corregir los incumplimientos, abre la posibilidad de que el régimen incorpore a sus delegados en las empresas ya establecidas y que están operando en solitario las zonas de explotación. Es decir una especie de chantaje a través de un proceso de renegociación con los inversionistas ya establecidos.

“El régimen sabe que la industria de la minería tiene un rendimiento alto, una tasa de rentabilidad alta, pero ellos lo van a vender como que es nacionalismo” que el Estado tenga participación en estas empresas o nuevas concesiones, indicó.

Vargas agrega otro elemento: seguir metidos en el negocio para continuar con la triangulación de envíos de oro desde Venezuela, tal como han señalado investigaciones internacionales. “Como hay una triangulación del oro venezolano, ellos necesitan tener más control del sector minera y seguir en ese negocio”.

Controlar todas las actividades

“El régimen está ahorita en una carrera que empezó en el 2018 y que ellos esperan terminarla en el 2028, de tener capital de confianza de ellos o controlado por ellos en todos los sectores económicos del país. Empezaron con el sector de las importaciones, han continuado con el sector agropecuario, y el final del juego es el sector financiero. Entonces no me sorprendería que en este momento estén ya pensando en el sector minero, porque está en el plan”, dijo Núñez.

Y muestra de ello, menciona que, en el campo de las importaciones, con excepción de las grandes importadoras del país, que suelen ser transnacionales, los demás agentes económicos deben traer sus productos a través de intermediarios que están ligados al Frente Sandinista. “Este sector ya lo tienen controlado”, explica.

Vargas y Núñez creen que pese a todas estas amenazas, el sector minera se va a adaptar a las reglas que les importa la dictadura, porque estos negocios suelen sobrevivir a esquemas discrecionales y opacos.

De hecho, el 17 de junio, cuando Estados Unidos sancionó a Eniminas, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo que “a medida que el régimen Ortega-Murillo involucra cada vez más a Rusia y continúa alineando sus arcas con importantes ingresos explotados del sector del oro nicaragüense, el régimen ha dado la espalda al pueblo nicaragüense, descuidando sus medios de vida para obtener ganancias”.