¿Nuevas sanciones de Estados Unidos a dictadura de Ortega acercan a Nicaragua a un embargo?

Este lunes 24 de octubre, el Departamento del Tesoro informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto ejecutivo que además de aplicar nuevas sanciones a funcionarios orteguistas, amplió las facultades de esta instancia “para prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos o la exportación desde los Estados Unidos o por una persona de los Estados Unidos, donde quiera que se encuentre, de ciertos artículos a Nicaragua”.

El exdiputado y analista político, Eliseo Núñez Morales, manifestó que hasta ahora este era un paso que Estados Unidos había querido evitar, pero no duda que la decisión fue motivada por el apoyo del régimen de Daniel Ortega a la invasión rusa en Ucrania.

Núñez valoró que el decreto ejecutivo que establece el nuevo régimen de sanciones “permite muchas acciones que serían parte de un bloqueo”.

“Esta orden ejecutiva es particularmente dura, no establece en sí misma todavía bloqueo o embargo, pero deja las manos libres para que eso pueda suceder en el futuro y sea parte de lo que Estados Unidos hace para presionar al régimen de Ortega”, expresó Núñez.

Sin embargo, Núñez diferenció un posible bloqueo en Nicaragua bajo el régimen de sanciones y el antiguo bloqueo comercial que Estados Unidos mantiene en Cuba.

“En Cuba el embargo es general y hay excepciones, aquí (en Nicaragua) las sanciones son excepciones a una relación comercial abierta (con Estados Unidos)”, explicó el exdiputado.

Nicaragua pierde un cliente de oro

Como primer paso a las acciones más duras, el decreto ejecutivo sancionatorio oficializó restricciones en la industria del oro de Nicaragua y advirtió que las mismas podrían extenderse a nuevos sectores.

El politólogo Manuel Orozco señaló que el nuevo decreto sancionatorio “incluye mucha discreción al Ejecutivo de actuar sobre cualquier situación que perciba como amenaza de parte de Nicaragua”, lo que explica la percepción de que las sanciones pueden implicar un embargo al Estado, incluso.

En el caso de las sanciones a la industria del oro, Orozco valoró que tiene un componente “tanto simbólico como real”.

“En lo real, dado que más del 90 por ciento de las exportaciones de oro de Nicaragua han ido a Estados Unidos, significa que se perderá a este cliente en el corto plazo, mientras el régimen continúe su represión. El aspecto simbólico sobre el oro es más importante toda vez que el decreto del presidente Biden autoriza al Gobierno de Estados Unidos a imponer restricciones de varios tipos sobre actividades comerciales, de inversión e incluso gente propagando desinformación”, valoró Orozco.

Un experto en relaciones internacionales, que pidió no ser identificado por temor a represalias, calificó de “grave” la prohibición de inversiones estadounidenses en ciertos sectores nicaragüenses.

“Lo grave es la enmienda de la Orden Ejecutiva del presidente Biden, que amplía el poder sancionatorio de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), que puede ser usado para prohibir nuevas inversiones de origen estadounidense en ciertos sectores identificados: la importación de ciertos productos nicaragüenses o la exportación de los Estados Unidos de ciertos ítems. Se deja a un lado el Cafta (Tratado de Libre Comercio) y si bien no se trata de poderes para afectar todo el comercio con los Estados Unidos, como ocurrió en los 80, podría afectar en términos particulares cualquier inversión futura y/o cualquier importación o exportación de un producto específico”, expresó el exdiplomático.

El exdiplomático expresó particularmente que las sanciones no solo obedecen a la cercanía de Ortega con Rusia, “sino al agotamiento de la paciencia de parte de la comunidad internacional frente a un Ortega que se niega de forma rotunda al diálogo y la negociación y que profundiza su política represiva”.

Nicaragua vive en crisis desde 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles que dejaron más de 300 muertos ese año, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estados Unidos se puso al frente de las presiones para obligar a Ortega a detener la represión y hacer elecciones libres y justas para un cambio democrático de gobierno, sin embargo, el régimen orteguista se ha cerrado a todas las propuestas de diálogo y se ha radicalizado.