Cenidh: “Monseñor Rolando Álvarez está en absoluta indefensión”

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Álvarez fue “representado” por la defensora pública Jennifer Hernández, pese a que según el expediente judicial, Vilma Esperanza Álvarez Lagos, hermana del obispo, solicitó el 19 de diciembre pasado a la jueza el nombramiento de una defensa técnica.

“La familia pidió el nombramiento de un abogado privado y no lo proveyeron, entonces prácticamente monseñor están en absoluta indefensión. No solamente real y materialmente, sino oficialmente”, denunció la férrea defensora de derechos humanos.

“Para ser exactos, la jueza no ha rechazado la propuesta de nombramiento, sino que no la provee, lo cual equivale a lo mismo”, agregó Núñez.

Monseñor es acusado por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad”.

Ilegalidades en el proceso

La abogada y defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, expuso que este proceso judicial “tiene su naturaleza con acciones ilegales (por lo que) jamás puede ser transparente y justo. Partiendo de que las garantías mínimas de un proceso se violentaron”, expresó.

“Monseñor Álvarez se ha enfrentado a una inminente detención y proceso ilegal”, indicó.

Asimismo señaló una serie de irregularidades en el caso contra el obispo: “Todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado en cualquier parte del proceso, a tener una defensa material y técnica, a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario; no ha sido tratado con igualdad de condiciones, no es tratado con respeto, ha sido sustraído de su domicilio de origen, entre otros”.

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Además dijo que los derechos como acusado tampoco le fueron respetados en esta segunda audiencia que “tenía por finalidad ver si había suficientes argumentos para seguir con la causa y no habiéndolos, el juez abusando de su investidura ha permitido se continúe y lo envía a juicio oral y público”.

Cenidh exige a la CEN “romper el silencio”

El Cenidh es uno de los organismos que permanentemente denuncia la injusta detención de monseñor Álvarez, y de otros religiosos y opositores.

Constantemente exige al régimen la inmediata libertad de monseñor Rolando Álvarez e información del lugar en donde lo mantienen y pidió a las máximas autoridades de la Iglesia católica de Nicaragua “romper el silencio” sobre los abusos contra el obispo.

Álvarez fue detenido el 19 de agosto de 2022 bajo la figura de “resguardo domiciliar” y trasladado forzadamente a la casa de su familia en Managua, tras el allanamiento de la Policía orteguista a la Curia Episcopal de Matagalpa, donde pasó 15 días encerrado junto con otros religiosos y laicos que también están presos.

“Primero lo secuestran de Matagalpa a Managua, bajo resguardo donde sus familiares, que no es una figura procesal en Nicaragua, luego (al ser acusado) le confirman la medida cautelar de arresto domiciliar, pero el arresto domiciliar, según las normas procesales se cumple en su domicilio. El domicilio legal y oficial de monseñor Álvarez es la Curia Episcopal de Matagalpa, sin embargo, supuestamente lo tienen donde sus familiares, pero no conocemos realmente sus condiciones”, señaló Núñez.

La defensora agregó que ya es momento que la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, denuncien “las barbaries” del régimen contra monseñor Álvarez y la Iglesia en general.

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“Monseñor (Álvarez) no solo es un reo político, es el primer obispo que es sentado ilegalmente, injustamente en el banquillo de los acusados, qué más espera el cardenal”, cuestionó.

A criterio de la investigadora y experta en derecho, Martha Patricia Molina, “el silencio de la CEN es prudente, más en este año que la dictadura lo ha iniciado demasiado agresivo en contra de la Iglesia”.

A la vez reveló que “algunos sacerdotes me han informado que han decidido no usar el cuello clerical para evitar agresiones en las calles. Existen sacerdotes que siguen siendo 24 horas perseguidos y vigilados por policías y paramilitares.

Aunque reconoció que “lo sano sería que la CEN fuera quien denunciara estas arbitrariedades”, señaló que la Iglesia “es la perseguida y la víctima”.