Policías y simpatizantes sandinistas serán los testigos en el juicio de monseñor Rolando Álvarez

El Ministerio Público ofreció como testigos a peritos, comisionado y subcomisionados de la Policía y a nueve personas identificadas como simpatizantes del régimen

Policías y simpatizantes sandinistas serán los testigos en el juicio de monseñor Rolando Álvarez

La justicia orteguista se está preparando para iniciar su juicio político en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, informó este miércoles a través de sus redes sociales el abogado Yader Morazán, experto en administración de la justicia y exfuncionario del poder judicial. Policías y simpatizantes sandinistas figuran entre los testigos que ofreció el Ministerio Público en el juicio contra el jerarca católico.

En el Sistema de Gestión Judicial (Nicarao) se detalla que la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Camila Tardencilla, enlistó a cuatro peritos y tres comisionados de la Policía, principal brazo represor del régimen, además de nueve personas identificadas como simpatizantes sandinistas entre los testigos para el juicio.

“Una vez que se graba (a) los testigos, peritos en el sistema digital, proceden a citarlos”, indicó Morazán.

https://twitter.com/YaderMorazan/status/1615689959704301570

“Las generales o la información de los testigos, los peritos o las partes involucradas en el proceso aparecen en la solicitudes que hacen los fiscales o en el expediente mismo. No puedo decir que ya los citaron porque esa información aún no la recibo, pero (el hecho de) grabarlos en el sistema ya lo podés ver como un acto de organización de juicios, lo que queda es esperar”, dijo Morazán.

En la audiencia inicial celebrada el 10 de enero, Álvarez fue remitido a juicio oral y público, sin precisar fecha. En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, contra quien la dictadura giró orden de captura.

Los testigos que el régimen usará contra Álvarez

Elba Mariana Rayo es una de las testigos que aparecen en la lista. Morazán la identificó y publicó una fotografía de ella en la que aparece abrazando a monseñor Álvarez. “Trabaja en la Radio Insurrección que opera dentro del departamental del FSLN. Desde donde se dirigió la represión de abril del 2018”, denunció Morazán.

https://twitter.com/YaderMorazan/status/1615707069394345984

También identificó a Gabriela Alejandra Rayo Castro. “Es casada con el sobrino del jefe de los paramilitares de Matagalpa (Lalo Soza). Toda la familia se jacta de sus ‘acciones’ a favor del régimen criminal de los Ormu”, agregó.

En la lista también está Emiliano Antonio Pérez Castro y, según Morazán, es hermano del excomisionado (con baja deshonrosa) Marvin Pérez, “quien después de abril fue nombrado como delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa. Su cuñada es la jueza Sheyla Patricia Delgado Medrano. Él tiene años queriendo entrar al Estado”, denunció el abogado.

Preparan juicio contra religiosos y laicos de Matagalpa

De la misma manera, la jueza Nadia Tardencilla inició las diligencias “de organización de juicio” en contra de los sacerdotes y el laico que estuvieron encerrados por 15 días con monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa.

En este caso, la jueza orteguista enlistó a cuatro oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), dos peritos y otras siete personas.

Monseñor Álvarez junto con los sacerdotes Ramiro TijerinoSadiel EugarriosJosé Luis Díaz, el diácono Raúl Vega; los seminaristas Darwin Leiva Melkin Centeno y Sergio Cárdenas, colaborador de TV Merced, fueron arrestados en la madrugada del viernes 19 de agosto.

Álvarez fue trasladado a casa de sus familiares en Managua, donde permanece hasta ahora en casa por cárcel, mientras que los sacerdotes, seminaristas y el laico que lo acompañaban están presos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.

Tanto Álvarez como el padre Uriel Vallejos, los demás religiosos y el laico son acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad”.