Dos años sin conocer la situación de las reservas del INSS en medio de pláticas para hacer reformas

Los pocos números actualizados hasta el 2022 que se saben de la entidad son estimaciones, es decir cifras preliminares que suelen ser publicadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde reporta la situación de las empresas estatales, la Alcaldía de Managua y otras instituciones.

También las cifras preliminares que incorpora Hacienda en el proyecto de Presupuesto General de la República 2023, donde se anticipa un aumento del déficit financiero este año (3,572 millones de córdobas) respecto al 2022, que habría cerrado en 2,516 millones de córdobas.

“En el anuario está el balance, están los estados financieros”, explica un especialista en materia de seguridad social, quien solicita no ser citado por temor a represalias.

Un dato clave que recoge este reporte es el estado de las reservas técnicas de la institución, que son los fondos que la entidad tiene ahorrados para hacer frente a sus futuras obligaciones con los pensionados. Hasta el 2020, que es el último dato, este fondo estaba a un pago de agotarse.

En el 2020, según el documento, las reservas técnicas de la entidad ascendieron a 273.24 millones de córdobas, por debajo de los 1,314 millones de córdobas observados en el 2019 y muy inferior a los 11,015 millones de córdobas en el 2014, el máximo que se registró desde que la entidad cayó en crisis financiera en el 2013 y desde entonces ha acumulado enormes déficits financieros.

Solo en tres años de recesión, el INSS perdió en reservas técnicas 5,118 millones de córdobas respecto a lo que se tenía en el 2017, previo al estallido de la crisis sociopolítica en el 2018. Ese año había en reservas 5,391.9 millones de córdobas.

El especialista cuestionó que las autoridades de la entidad decidan ocultar el reporte en medio de conversaciones reveladas por el Fondo Monetario Internacional sobre eventuales reformas, cuyo margen de éxito sigue siendo limitado, tal como ha ocurrido con los ajustes recientes.

Al respecto, la fuente insistió en que se requiere que la entidad tenga un millón y medio de cotizantes para poder sacarla de la crisis y además sostener las finanzas a más largo plazo. “Si ahorita no se tiene a un millón y medio de cotizantes con la población de jubilados, se tiene un problema serio. Pero si no se tiene a ese millón y medio y se quiere hacer una reforma, lo único que se puede hacer es que paguen más los trabajadores y que paguen más todos los empleadores y el Estado. Pero no van a poder hacer esto, porque van a quebrar a las empresas”, afirmó.

Pero las posibilidades de que eso ocurra, es decir de que la economía empiece a producir a gran escala empleo, el especialista lo ve difícil, especialmente por el contexto de incertidumbre que está creando las confiscaciones a opositores, lo que daña el clima empresarial y va contra las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional al Gobierno.

En el comunicado, el directorio del FMI insistió “en la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar el clima empresarial, la transparencia y el marco de gobernanza” para aumentar el crecimiento económico.

“En el mediano plazo, el déficit fiscal global provendrá principalmente de los desequilibrios en las finanzas del Sistema de Seguridad Social (INSS) y de las empresas estatales, en particular de energía y agencias de transporte. De hecho, se supone que el INSS continuará recibiendo transferencias del Gobierno ya que las discusiones en curso aún no han producido medidas acordadas para reducir el déficit del INSS”, dice el Fondo en su reporte completo de 112 páginas.

La situación financiera del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social es una de las crisis irresueltas del régimen de Daniel Ortega en materia de finanzas públicas. Las finanzas están azotadas no solo por la debilidad del mercado del trabajo sino por la corrupción en la que se ha visto envuelta la entidad.

“Las discusiones para reducir el creciente déficit en el INSS están en curso. Una posible medida es cambiar el mínimo número de cotizaciones necesarias para recibir una pensión reducida”, menciona el reporte técnico del FMI.

Actualmente, se requieren como mínimo 250 semanas cotizadas para poder aplicar a una pensión reducida, lo cual se estableció en el 2013, año en que también se aplicó una reforma al INSS que afectó especialmente a la empresa privada y la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, hasta diciembre del año pasado el INSS tenía a 783,384 cotizantes, lejos de los 914,196 que había en el 2017, un año previo al estallido de la crisis sociopolítica. Es decir que aún se necesitan recuperar 130,812.

Lo paradójico, según el especialista, es que estas discusiones se hacen conocerse la situación actual de la entidad, aunque cree que el Fondo sí debe tener la información, quizás maquillada. Cree que si el ajuste se hace por el lado de las pensiones futuras, ajustando otra vez la fórmula de cálculo de la cuantía, sería “matar a los pensionados”.

Recordó que debido a las reformas anteriores, los trabajadores deben casi “morir trabajando” para conseguir una pensión máxima y además las que se pagan ahora han perdido muchísimo poder de compra debido al aumento de precios y para empeorar, porque se revalorizan ahora en 1 por ciento y no 5 por ciento como era en años anteriores.

Lea además: El fracaso de una década de Ortega con el INSS se extenderá este año, reflejan cifras de Hacienda

“Me llamó un amigo y me comentaba que no sabía del zarpazo que le están dando a los nuevos pensionados. Ahora reciben el 40 por ciento menos del monto que recibirían antes de la reforma. Y agregó: tendré que morir trabajando. Y pensé: todavía muchos trabajadores no saben el verdadero impacto de la reforma. Es una crueldad desmedida”, dijo.

Para especialistas consultados, el anuario debía ser presentado antes de que finalizara el primer trimestre del año, y al no publicarse representa una violación a su ley orgánica y un intento de ocultar su estado financiero y ver cuánto se ha recuperado la entidad frente a las afectaciones que generó la covid-19.

Específicamente, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Seguridad Social del instituto establece que una de sus obligaciones es presentar “dentro de los tres meses siguientes al término del año fiscal, una memoria que informe el estado de la Seguridad Social de la nación, dando a conocer los resultados obtenidos, con su costo, en la realización de los planes formulados, así como la situación de los programas en desarrollo en los tres aspectos, de asistencia social, asistencia médica y seguros sociales, que comprende la labor de la Junta”.

Dicho reporte permite al público en general conocer con detalle cuáles son los gastos que está realizando el instituto en sus diferentes programas, la planilla, la evolución de los salarios de los cotizantes, el balance general, el número de empresas que están aportando según su tamaño, la cobertura de Seguridad Social en los departamentos, el número de bajas por decesos de jubilados, la entrega de servicios funerarios a los que están cubiertos por la Seguridad Social, entre otras cosas.

El especialista duda de que China pueda ayudar al Gobierno a generar empleo masivamente empleos, como lo necesita el INSS, y recordó que Rusia tampoco es una opción en este momento.